Bananos tóxicos
Los cuerpos rotos de Chiquita
Al alba, la bananera despierta antes de que el sol atraviese la neblina húmeda de la costa sur de Guatemala. En las plantaciones subcontratadas por Chiquita, los trabajadores agrícolas, de rostros demacrados, se deslizan entre los bananos con botas hundidas en el barro negro y machetes afilados al cinto. Saben que la jornada será larga: diez, a veces doce horas, por un salario ínfimo, a menudo por debajo de los mínimos legales.
José Maldonado* se frota mecánicamente los antebrazos, molesto por la picazón debida a los pesticidas. Sus manos hablan mejor que sus palabras: nudosas, rayadas de cicatrices, con una herida todavía abierta. «El cuerpo de uno no está capacitado como una máquina», dice, mostrando su última boleta de pago: 1.198 quetzales; apenas 105 francos netos por dos semanas de trabajo. Un 35 % menos que el salario mínimo agrícola nacional.
A la sombra de los bananos, José baja la vista. Su historia es también la de esta tierra y de quienes la cultivan. Sus hermanos Rogelio* y Luís* repiten los mismos gestos, respiran el mismo aire cargado de químicos y cuentan los mismos quetzales al final de cada quincena. En los Maldonado, el trabajo bananero se comparte, como el desgaste.
La tierra del «oro verde»
Debido al clima de violencia que reina en las plantaciones del sur de Guatemala, hemos decidido anonimizar la mayoría de los testimonios.
Debido al clima de violencia que reina en las plantaciones del sur de Guatemala, hemos decidido anonimizar la mayoría de los testimonios.
En noviembre de 2025, Public Eye recorrió Guatemala —de Puerto Barrios, en el noreste del país, a Puerto San José, en el sur— para documentar las condiciones de trabajo y de vida en las plantaciones de Chiquita, multinacional domiciliada en el cantón de Vaud desde 2008, y de sus subcontratistas.
A pie de bananera y en viviendas precarias, entrevistamos a decenas de cortadores y cortadoras, fumigadores, deshojadores, empacadoras y selladoras: un amplio abanico de oficios empleados directamente por la empresa o a través de sus numerosas contratistas de la costa sur, cuyos sitios logramos identificar. Encontramos en todas partes los mismos relatos: fatiga extrema, sueldos insuficientes, exposición sin protección a químicos, trabas a la libertad sindical. Todas las plantaciones que visitamos en el sur —donde observamos las peores condiciones— están, sin embargo, certificadas por Rainforest Alliance, ONG estadounidense cuyo sello supuestamente garantiza la preservación de la biodiversidad y también los derechos y la seguridad del personal.
Lea nuestro reportaje anterior:
Le prix à payer Chiquita et les droits du travail en Équateur
Nuestra investigación documenta una explotación manifiesta de los trabajadores y las trabajadoras del banano, violaciones de sus derechos fundamentales y condiciones contrarias a las normas internacionales (por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o las normas fundamentales de la OIT, ambos ratificados por Suiza). En un país marcado por la pobreza, el narcotráfico, la impunidad y una violencia endémica, un clima de miedo y desconfianza reina de plantación en plantación. José Maldonado lo resume sin rodeos: «Aquí nadie puede negarse. Tienes que aguantar las horas y los productos sobre la piel, o encuentran a otro». Para proteger a las personas entrevistadas de despidos y represalias físicas, hemos anonimizado a la mayoría de nuestras fuentes y también a las fincas donde trabajan.
El testimonio de los hermanos Maldonado no es un caso aislado. En el sur del país, donde se concentran el 85 % de los empleos bananeros, las empresas que gestionan las plantaciones por cuenta de Chiquita se apoyan en una mano de obra joven, aislada y débilmente organizada, el terreno ideal para mantener condiciones extenuantes y un control férreo. Aquí, el «oro verde» mueve toda una región, aunque rara vez alcance el color amarillo.
Este reportaje se adentra en plantaciones donde la economía global se cruza con el silencio —y a menudo la complicidad— institucional. Miles trabajan en una invisibilidad casi total. La historia de Guatemala aún se escribe a machetazos, entre sudor, pesticidas y cócteles de fármacos.
Una mano de obra dopada con la bomba
En Puerto San José, pequeña ciudad del Pacífico, el padre Leonel acoge en su parroquia a quienes aún se atreven a hablar. Relata historias de obreros exhaustos, familias inquietas, jóvenes que desaparecen dos semanas para trabajar en las plantaciones del sur. «Venían a la iglesia. Primero por Dios… y luego empezaron a hablar. No se les podía ignorar», dice, posando las manos sobre el atril. Nadie escapa al miedo: «Uno nunca sabe con quién está hablando», confiesa el sacerdote. «Aquí muchos no solo temen perder el trabajo; temen por su vida».
Se define como alguien para «iluminar y orientar lo social desde lo religioso», un «facilitador, no un agitador». Eso bastó para que le cerraran el acceso a una iglesia cercana a una plantación: «Las puertas están siempre trancadas». En una región dominada por la agroindustria, hasta un sacerdote puede convertirse en una amenaza por más que dé una voz a quienes no la tienen.
El Padre Leonel avanza con prudencia en esta tierra de amenazas veladas: «Aquí en San José todo se resuelve con la muerte».
El Padre Leonel avanza con prudencia en esta tierra de amenazas veladas: «Aquí en San José todo se resuelve con la muerte».
Desde su parroquia en Puerto San José, el Padre Leonel presta una escucha atenta a los trabajadores forzados de la industria bananera.
Desde su parroquia en Puerto San José, el Padre Leonel presta una escucha atenta a los trabajadores forzados de la industria bananera.
A la sombra de las bananeras, la violencia
En torno a los puertos de Puerto Quetzal y Puerto Barrios, el miedo toma otra forma. Corredores logísticos estratégicos atraen a traficantes y redes criminales, y en los últimos años se han registrado incautaciones de cocaína oculta en cargamentos de bananos. Los grupos agroalimentarios se presentan como víctimas de estos tráficos. Pero para algunos sindicalistas, habría que sanear la cadena logística «de punta a punta».
Ese miedo se inscribe en una larga historia de represión sindical. Al salir de la guerra civil (1960–1996) se elaboró el Plan Sacapa, un programa clandestino para desmantelar sindicatos en sectores estratégicos; el documento —consultado por Public Eye— es escribió en un contexto de estrecha colaboración entre ejército, inteligencia y el sector empresarial.
Entre 2004 y 2024, 110 sindicalistas fueron asesinados en Guatemala, a menudo en ataques selectivos cometidos por hombres armados en moto. En octubre de 2023, una trabajadora de una filial de Del Monte que había organizado dos días de huelga fue abatida a la salida de una plantación. La mayoría de estos crímenes nunca se esclarecieron.
Muchos trabajadores provienen de Cobán, ciudad indígena de las tierras altas a diez horas por carretera. Aislados de sus comunidades, sin información ni apoyo, aceptan lo que el patrón exige. El vacío se agravó con la desaparición de ONG antes apoyadas por fondos de USAID. En ese espacio abandonado, otro sostén se impone desde hace años: químico, clandestino, peligroso.
Semana tras semana, un término aflora en todas las bocas: la bomba, mezcla artesanal de tramadol —analgésico de la familia de los opioides— disuelto en Raptor, una bebida energética, «para que pegue más rápido», relata Pedro*, un joven que era sometido a las cadencias más duras. El cóctel corta el hambre, atenúa la fatiga y brinda un bienestar artificial. Aquí llegan a consumir hasta siete al día para aguantar. «Te da la sensación de que tu cuerpo puede seguir», concluye Pedro.
El tramadol circula de mano en mano, vendido por empleados más experimentados encargados de conseguirlo y repartirlo. Los capataces dicen no estar al tanto, afirma Pedro. Pero todos repiten la misma frase: «Sin eso, muchos no aguantarían». Frente al ritmo, el calor y la ausencia de pausas, la sustancia se ha convertido en una herramienta de supervivencia: un narcótico cotidiano entre hileras de bananos.
Juan Alberto López (50 años) se fracturó la columna tras caer de un banano. Se define como un «milagro viviente», pero considera haber sido bien tratado por Chiquita.
Juan Alberto López (50 años) se fracturó la columna tras caer de un banano. Se define como un «milagro viviente», pero considera haber sido bien tratado por Chiquita.
Gustavo Vázquez es deshojador, uno de los trabajos más duros y peor pagados de las plantaciones de Chiquita.
Gustavo Vázquez es deshojador, uno de los trabajos más duros y peor pagados de las plantaciones de Chiquita.
Las consecuencias pueden ser graves. En una larga entrega publicada en octubre de 2024, la revista de investigación guatemalteca No Ficción documentó esta «epidemia» silenciosa que golpea toda la costa sur. Si bien admite que las causas de la enfermedad renal crónica —hoy una de las principales causas de mortalidad en la región— siguen siendo debatidas, numerosos expertos señalan el trabajo agroindustrial como factor clave. Los datos sanitarios muestran un aumento de patologías renales crónicas en el departamento de Escuintla, donde se sitúa Puerto San José: la costa del Pacífico, de apenas un décimo de la población, concentra una proporción desmesurada de los fallecimientos por estas dolencias.
Estudios científicos y observaciones de organizaciones médicas como MSF confirman la subida de afecciones renales entre personal agrícola, sin establecer un vínculo directo con el tramadol. Un estudio entre trabajadores guatemaltecos estima, por ejemplo, en alrededor del 3 % la prevalencia de enfermedades renales de etiología desconocida —con una tasa aún más alta en el sector bananero. Aquí, muchos atribuyen desmayos, malestares e incluso muertes al calor extremo, las gaseosas, el trabajo forzado y la bomba.
La maldición que cae del cielo
Encontramos de nuevo a los hermanos Maldonado en el portal de su casa. En el sur de Guatemala, el desgaste de los cuerpos no proviene solo de las cadencias ni de los cócteles de estimulantes. En las plantaciones, otro veneno opera de forma permanente, casi invisible pero omnipresente, pulverizado desde el cielo semana tras semana.
Rogelio, hermano de José, se queda en silencio. Sus ojos se clavan en un punto invisible, como si aún viera las avionetas descender sobre las hileras para rociar mancozeb, un fungicida omnipresente en las miles de hectáreas de banano de Guatemala. El mancozeb es el arma principal contra la Sigatoka negra, enfermedad foliar que devora las plantaciones del «oro verde». Para los trabajadores, representa una amenaza cotidiana.
Un cartel en el borde de la plantación prohíbe el acceso y advierte sobre la fumigación con pesticidas.
Un cartel en el borde de la plantación prohíbe el acceso y advierte sobre la fumigación con pesticidas.
«Pasan muy bajito y el polvo amarillo cae directamente sobre nosotros. A veces logramos cortar una hoja de banano para cubrirnos, pero no basta», suelta Rogelio, el mayor de los hermanos Maldonado, todos empleados por subcontratistas de Chiquita. No hay pausa ni advertencia: los trabajadores siguen cortando, cargando y tirando de los cables que sostienen los racimos de banano. A veces, explica, la lluvia ácida los sorprende en plena pausa del almuerzo, a los pies de las plantas. La bruma química se infiltra en su ropa, en su comida y a través de sus poros, arrastrada por la humedad pesada del sur de Guatemala.
En este extracto, Rogelio Maldonado relata su exposición a los pesticidas:
El mancozeb fue prohibido en la Unión Europea y en Suiza en 2020 y 2021, respectivamente, después de que la sustancia fuera clasificada como disruptor endocrino y tóxica para la reproducción. Diversos estudios han demostrado que la exposición a este fungicida puede provocar malformaciones cerebrales en los niños por nacer. Las autoridades europeas también sospechan que el mancozeb es cancerígeno.
A pesar de todo, numerosas empresas, entre ellas el gigante agroquímico Syngenta, siguen vendiéndolo en países como Guatemala, donde las regulaciones son más laxas. El grupo búlgaro Agria incluso exportó 180 toneladas en 2024 desde territorio europeo hacia Guatemala, como reveló un informe de Public Eye.
Los fungicidas se rocían por avión, a menudo directamente sobre los peones de campo en pleno trabajo. El mancozeb está asociado a altos riesgos de esterilidad.
Los fungicidas se rocían por avión, a menudo directamente sobre los peones de campo en pleno trabajo. El mancozeb está asociado a altos riesgos de esterilidad.
Consultado al respecto, el grupo con sede en Basilea, Syngenta, precisa que opera «en pleno respeto de las leyes y regulaciones locales».
Indica ser un actor de tamaño medio en el mercado del mancozeb y afirma que su producto Ridomil Gold «no está homologado para su uso en plantaciones de banano en Guatemala». También subraya que la agricultura tropical difiere fundamentalmente de la practicada en Europa y que, por consiguiente, «los enfoques en materia de protección vegetal deben adaptarse también a las realidades locales».
En la lucha contra la Sigatoka negra, el mancozeb sigue siendo ampliamente utilizado. El organismo de certificación Rainforest Alliance concedió una autorización excepcional para su uso en las plantaciones guatemaltecas hasta el 31 de diciembre de 2028, invocando la necesidad de una «gestión rigurosa de las enfermedades».
En las plantaciones de banano de Guatemala, la exposición a los fungicidas no es un episodio puntual, sino una práctica permanente. Las avionetas esparcen mancozeb una, dos, hasta tres veces por semana, durante todo el año. En el documental Banana Land: Blood, Bullets and Poison (2014), que repasa la tumultuosa historia de la industria bananera en América Latina, un investigador relata como los pilotos ecuatorianos sufren, en ciertos vuelos, breves pérdidas de conciencia o una alteración de sus capacidades cognitivas debido a los efluvios del fungicida. Según las estadísticas oficiales, 43 avionetas de fumigación se estrellaron en Guatemala entre 2012 y 2025, principalmente en el departamento de Escuintla —un promedio de tres accidentes por año. Entre las causas de estos siniestros, los informes mencionan a veces una enigmática «pérdida de conciencia situacional» del piloto.
Pero el mancozeb es solo uno de los productos empleados. Otros fungicidas, herbicidas e insecticidas se aplican durante todo el ciclo, por vía aérea y también desde tierra con mochilas de aspersión. En su sitio web guatemalteco, Syngenta enumera 18 pesticidas destinados al banano; ocho contienen sustancias activas hoy prohibidas en Suiza y la UE por sus riesgos para la salud humana o el medioambiente. En las plantaciones del sur, estos productos se siguen usando de manera rutinaria, en contacto directo con quienes trabajan.
Una cadena de producción infernal
En las bananeras no se retribuyen los riesgos, ni el desgaste, ni los tóxicos: se paga a destajo —lo que el cuerpo aún puede producir. Este sistema salarial imperante, lejos de ser secreto, es un mecanismo implacable. Para los patronos, una herramienta de eficiencia; para quienes trabajan, una trampa que empuja hasta el agotamiento. El trabajo a destajo rige cada minuto, independientemente de las condiciones climáticas.
En Puerto Barrios, al noreste, las nueve plantaciones circundantes están bajo control directo de Chiquita. Aquí, las 2.700 personas empleadas (20 % con contratos a plazo) ganan apenas un franco más al día que el mínimo, si alcanzan objetivos de rendimiento definidos al detalle en el convenio colectivo de trabajo (CCT), del que Public Eye obtuvo una copia.
Para los cortadores, la regla es simple: 14 segundos para cortar un racimo. En grupos de tres, deben cargar unos 350 racimos al día sobre cables que conectan 2.069 hectáreas de plantaciones, precisa un sindicalista. «Nos apoyamos como podemos, porque si uno se atrasa, todos ganamos menos».
Amarrado a la cintura, el halador tira de los racimos en grupos de 20 hacia la planta de empaque, donde los frutos serán clasificados y marcados con el sello de Chiquita. La CCT precisa que debe recorrer 250 metros en 2,7 minutos —1,56 metros por segundo, de media, arrastrando media tonelada de bananos—; algunos días, hasta 5 kilómetros en 53,4 minutos.
El «halador» recorre kilómetros con cientos de kilos de bananos atados a la cintura.
El «halador» recorre kilómetros con cientos de kilos de bananos atados a la cintura.
En la planta abundan mujeres, con sus propios objetivos: 390 cajas por persona y día, unas 17 toneladas de fruta a procesar. «No podemos salir antes de haber terminado, a menudo hasta las ocho de la noche», confía una empacadora cuyo nombre hemos debido anonimizar.
Según un reporte de la Universidad del Estado de Pennsylvania (2021), en las estaciones de empaque «cada trabajador es seguido individualmente y se reprende a quienes son demasiado lentos», una organización incompatible con la capacidad productiva «aceptable» protegida por la normativa social guatemalteca. «Forzar un ritmo de producción que supera lo humanamente posible vulnera las normas de seguridad social en Guatemala», concluye.
En Chiquita, quienes superan objetivos pueden ganar algo más que el salario mínimo. Para Manuel Rivas, el vaso está medio lleno; el presidente del sindicato Colsiba, que reúne las 9 plantaciones circundantes, saluda avances sindicales arrancados a pulso aunque no compensen la inflación de 4-5% anual. «Todavía tenemos una deuda con la clase trabajadora», concluye.
Chiquita: un siglo de globalización
A comienzos del siglo XX, la antecesora de Chiquita, la United Fruit Company (UFCO), desarrolló el puerto caribeño de Puerto Barrios para embarcar sus buques frigoríficos cargados de bananos —la llamada Great White Fleet.
Hoy, junto con Puerto Quetzal, Puerto Barrios es parte integral del circuito logístico de Chiquita en Guatemala. En las plantas de empaque, las cajas preparadas son cargadas en contenedores refrigerados y transportadas en camiones con el logo de Chiquita, omnipresentes en las rutas del país. Desde ambos puertos salen a los mercados internacionales.
Con 2,5 millones de toneladas anuales, Guatemala es el tercer exportador mundial de banano. Estados Unidos es el principal destino (alrededor del 80%); parte de los volúmenes llega a Europa vía Países Bajos.
Un salario arrancado a machetazos
En este proveedor de Chiquita, las amenazas apenas están disimuladas: « Un buen susto necesitan ». O se advierte con que personas « una a una van a ir apareciendo en los cañales », una fórmula que da a entender que allí podrían encontrarse sus cadáveres.
En este proveedor de Chiquita, las amenazas apenas están disimuladas: « Un buen susto necesitan ». O se advierte con que personas « una a una van a ir apareciendo en los cañales », una fórmula que da a entender que allí podrían encontrarse sus cadáveres.
En el sur, donde Chiquita depende en mayor medida de subcontratistas, las condiciones son aún más duras. La Universidad de Pennsylvania constató un contraste tajante entre regiones: en el norte sindicalizado, en 2021, se ganaban en promedio 586 dólares al mes y se trabajaban 54 horas semanales; en el sur no sindicalizado, 308 dólares y 68 horas. También son más frecuentes las pausas reducidas, la violencia verbal o sexual, la escasa protección y el acceso limitado a la salud. Y todo ello en empresas supervisadas por programas de certificación como Global G.A.P. y Rainforest Alliance, supuestamente garantes del bienestar y la seguridad del personal.
Public Eye confrontó a Rainforest Alliance transmitiéndole confidencialmente el nombre de dos explotaciones donde se constataron abusos particularmente graves. La organización de certificación subraya que las auditorías no pueden «encontrarlo todo, en todas partes y en todo momento» y que ningún sistema puede garantizar al 100 % la ausencia de violaciones en una cadena de suministro. La organización también señala que, desde la entrada en vigor del Estándar de Agricultura Sostenible de 2020 y de su mecanismo de quejas, no se ha registrado ninguna denuncia relacionada con el sector bananero guatemalteco.
En el caso de un productor privado, importante proveedor de Chiquita Brands International y titular de un certificado que cubre varias plantaciones, la última auditoría tuvo lugar a mediados de febrero de 2026 y sus resultados aún están en proceso de análisis. «Las auditorías anteriores de las plantaciones concernidas están siendo ahora reexaminadas y se adoptarán medidas en caso necesario», precisa la portavoz de Rainforest Alliance, sin poder dar más detalles por el momento.
Chiquita in Guatemala: Responses from the Rainforest Alliance
Rosalía*, que nos recibe en su casa, muestra sus cuatro últimas boletas de pago. Cobra el salario mínimo nacional (11,90 francos al día), pero desde hace meses devuelve un préstamo otorgado por el subcontratista de Chiquita que la emplea, con un interés desconocido. También —asegura— le descuentan cada quincena material de trabajo (guantes, mascarilla). «De manera ilegal», sopla un sindicalista. Además, se deducen montos importantes por la adhesión a una cooperativa. En total, cerca de 40 francos por quincena cuyos detalles desconoce. Cuando le preguntamos cómo logra vivir así desde hace tres años, sus ojos se nublan de lágrimas: «¿Y entonces, cómo hacemos?»
En Chiquita, los racimos de banano se envuelven en bolsas azules que contienen insecticidas.
En Chiquita, los racimos de banano se envuelven en bolsas azules que contienen insecticidas.
La paga de Rosalía no cubre la canasta básica ampliada de bienes de primera necesidad para su hogar en esta región agrícola (unos 290 francos mensuales para dos personas), mientras la inflación acumulada alcanza el 29 % en Guatemala respecto al nivel prepandemia de 2019. Este nivel revela la distancia entre ingresos agrícolas y lo que el Pacto de la ONU y las convenciones sobre salario mínimo de la OIT definen como salario vital: una remuneración suficiente para garantizar condiciones de vida dignas.
Pese a estos hallazgos, Chiquita no demuestra debida diligencia efectiva a lo largo de toda su cadena de producción. La multinacional se apoya en una red de proveedores y fincas bajo contrato, externalizando riesgos sociales, sanitarios y humanos, sin mecanismos creíbles de prevención, control independiente o reparación para las personas afectadas. Un incumplimiento de los deberes de vigilancia esperables en una empresa domiciliada en Suiza. Chiquita, con sede en Etoy, no respondió a las preguntas de Public Eye.
El pulpo y la república bananera
Detrás de estas prácticas contemporáneas pervive una continuidad histórica: un modelo económico forjado mucho antes de la llegada de Chiquita a Suiza, a la sombra de su ancestro, la United Fruit Company (UFCO).
A fines del siglo XIX, la UFCO construyó un poder económico y político inmenso en Centroamérica —controlando puertos, ferrocarriles, tierras, gobiernos y exportaciones— hasta el punto de dar origen al término «república bananera» para designar países bajo influencia de una multinacional. Ese poder culminó en 1954, con el golpe de Estado organizado por la CIA, a pedido de la empresa, que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Jacobo Árbenz. Este, de ascendencia helvética, había impulsado una reforma agraria que redistribuía a campesinos tierras ociosas de la compañía. El golpe hundió al país en una guerra civil de 36 años (1960–1996), una de las más largas y mortíferas de América Latina.
En el istmo, esa historia no es pasado. La multinacional sigue presionando a gobiernos locales. La amenaza de deslocalización sobrevuela la región. En Panamá, en un contexto de huelga por la reforma de pensiones, Chiquita despidió a sus 6.500 empleados en el verano de 2025. Tras torcer el brazo al gobierno, la empresa aceptó reanudar operaciones a comienzos de 2026, pero bajo un modelo de «aparcería»: la compañía pone la tierra a disposición de latifundistas locales para que produzcan banano, sin transferirles la propiedad. En el sur de Guatemala, como constató Public Eye, este sistema se traduce en precarización.
La ciudad de Puerto Barrios fue construida hace un siglo por United Fruit para exportar sus bananos hacia la costa este de Estados Unidos.
La ciudad de Puerto Barrios fue construida hace un siglo por United Fruit para exportar sus bananos hacia la costa este de Estados Unidos.
El episodio sonó como una advertencia para toda Centroamérica: la empresa está dispuesta a abandonar una región de un día para otro si las personas trabajadoras exigen demasiado. Ya en 2003, el cierre de cinco fincas vinculadas a la multinacional en el norte guatemalteco provocó el desplome de salarios y el éxodo de familias. Manuel Rivas, presidente de Colsiba, habla de «una debacle sindical». Desde entonces, el miedo se instaló. «Si Chiquita se marchara, el impacto económico sería devastador», repite el sindicalista. Se dice que mandos intermedios han advertido contra solicitudes «excesivas», evocando los despidos en Panamá.
Esta fragilidad estructural acompañó la transformación global de Chiquita. A inicios de los 2000, la multinacional atravesó una crisis financiera y declaró la quiebra. Luego se reorganizó, vendió parte de sus activos en Centroamérica y desplazó su centro operativo a Suiza, en Etoy, donde encontró estabilidad, ventajas fiscales y discreción. En 2014, dejó la bolsa, lo que redujo sus obligaciones de transparencia. En Guatemala, se observa estos acontecimientos con una mezcla de inquietud y resignación: las decisiones se toman cada vez más lejos, pero sus efectos siguen sintiéndose aquí.
María Victoria (Maru) trabaja como empacadora y vive con su marido en un campamento de Chiquita que agrupa a 40 familias. Su casa fue inundada y no recibió ninguna ayuda de la multinacional.
María Victoria (Maru) trabaja como empacadora y vive con su marido en un campamento de Chiquita que agrupa a 40 familias. Su casa fue inundada y no recibió ninguna ayuda de la multinacional.
Su vecina y cuñada Araceli es ama de casa. Le gustaría trabajar para Chiquita para aportar un segundo ingreso a su hogar.
Su vecina y cuñada Araceli es ama de casa. Le gustaría trabajar para Chiquita para aportar un segundo ingreso a su hogar.
La «lista roja»
En ese paisaje de dependencia, cada gesto de contestación conlleva riesgo. Los despidos selectivos sirven de aviso. Y cuando cae uno, rara vez cae solo.
Los hermanos Maldonado trabajaban todos en la misma bananera. Una fratría de jornaleros dependiendo de esas boletas modestas, pero esenciales para sus hogares. Uno de ellos asistió a una reunión sindical —no para afiliarse, explica, solo para entender sus derechos, atraído sobre todo por los 50 quetzales que le dieron para comer y echar gasolina a la moto. Días después, cada hermano fue citado por separado y despedido.
En Puerto Barrios, toda la economía de la ciudad parece seguir girando en torno al banano.
En Puerto Barrios, toda la economía de la ciudad parece seguir girando en torno al banano.
José aún no comprende cómo su nombre llegó al empleador. «Creo que el sindicato trabajaba para el patrón», concluye. Su apellido habría sido añadido a la «lista roja», un registro informal —y temido— de quienes no deben ser recontratados por «problemáticos».
«Cuando te ponen en esa lista, ya no te dan trabajo en la bananera», traduce Pedro, también cesado, junto con otras quince personas, por el mismo motivo: presencia en una reunión sindical, calificada de «abandono del trabajo». Al igual que los Maldonado.
Algunos hermanos hallaron empleo en un productor independiente, con condiciones laborales aún duras. Pedro no volvió a una bananera. Desde aquella experiencia, dice haber perdido el gusto por el fruto amarillo: «Dicen que viene de la naturaleza, pero cuando uno sabe lo que hay detrás de su producción…»
A la entrada de su plantación, Manuel Rivas se muestra optimista y señala una hilera de retoños todavía escasos: «Chiquita sigue invirtiendo. Mire esas bananeras: en seis meses ya van a dar racimos y en nueve meses los bananos van a salir para exportación». En Guatemala, la promesa de una planta que crece sigue siendo frágil.
La justicia global empieza por nosotros
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Datos de la publicación
Texto: Adrià Budry Carbó
Fotos y videos: Tomás Ayuso/Panos Pictures
Edición del español: Charo Alonso
Diseño e Infografía: Fabian Lang
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